¿HACIA LA SOCIEDAD CLUB? (1)

LO PÚBLICO Y TÚ

En teoría económica se entiende por "bien público" algo distinto al sentido que tiene esta palabra en el lenguaje ordinario (digamos, "algo que pertenece a todos, o que pertenece al Estado, o a una entidad pública"). El significado económico del término es, más bien, el de un bien que posee estas dos propiedades:
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1) el hecho de que una persona más lo consuma o disfrute de él, no disminuye la cantidad disponible para los demás ("principio de no rivalidad")
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2) una vez que el bien se suministra a alguien, no se puede impedir que cualquier otra persona lo consuma ("principio de no exclusión").
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Propiamente hablando, hay muy pocos bienes que cumplan los dos requisitos, pues en la mayoría de los casos el que haya más usuarios hace que aumente la "congestión" (y por lo tanto, los demás puedan disfrutar del bien en menor medida), y siempre podríamos ejecutar sumariamente a quienes no han sufragado esos bienes. Así que en general se suele entender por "bienes públicos" más bien aquellos en los que: a) sería excesivamente costoso excluir de su consumo a quienes no los pagan, y b) en los límites de uso habitual, no hay excesivos problemas de congestión.
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Pero lo cierto es que, pese a este ejercicio de estiramiento semántico, los bienes públicos siguen siendo realmente pocos en comparación con todos aquellos que normalmente se proporcionan o gestionan desde el sector público. Por ejemplo, los tres "pilares básicos" del estado del bienestar, educación, sanidad y seguridad social (pensiones y seguro de desempleo) no son bienes públicos (en el sentido económico del término), sino bienes de disfrute básicamente privado: tú eres a quien se opera de apendicitis, no a tu vecino que está sano; tú eres quien manda sus hijos al colegio, no tu compañero de trabajo solterón y sin hijos; y a cada uno se le ingresará la pensión o la prestación por desempleo en su cuenta corriente, no en la del cuñado. Cierto que el disfrute de estos bienes producen "externalidades" (el nivel de salud medio de la población, su nivel educativo, etc.) de las que se benefician también, indirectamente, quienes no los han disfrutado directamente, pero eso no hace de ellos "bienes públicos" en sentido económico. A estos bienes habría que llamarlos más bien "servicios sociales". Además, aunque la sociedad decida de una u otra manera que todo el mundo tiene derecho igual a estos servicios, no hay ningún argumento económico que justifique a priori que estos servicios tengan que ser prestados por las administraciones públicas: éstas pueden, en principio, limitarse a financiarlos, pero dejando que sean empresas privadas quienes los produzcan y gestionen (como, p.ej., en el caso de los "colegios concertados"). Naturalmente, tampoco hay ningún argumento económico razonable por el que a priori no puedan ser prestados por organismos públicos. Tendrá que ser algo a decidir en función de los costes previsibles y las preferencias de la gente.
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Algunos bienes que cumplen los requisitos 1 y 2 (aunque sea de modo aproximado) serían, por ejemplo, muchas infraestructuras, las señales de radio y televisión no codificadas, las leyes, el idioma, la defensa nacional, el sistema judicial... Pero, como seguramente estaréis pensando, en muchos casos es posible, y hasta factible, el limitar el uso de algunos de estos bienes a ciertas personas: en las carreteras se pueden poner peajes, las ondas de radio (e incluso los códigos del habla) se pueden codificar, los tribunales pueden poner una oficina de cobros a la entrada, etc., etc.
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La cuestión es que, igual que en el caso de los servicios sociales hemos de decidir en qué cantidad financiarlos, a quién beneficiar con ellos, y cómo producirlos, lo mismo ocurre con el caso de los bienes públicos propiamente dichos: ¿establecemos tasas judiciales?, ¿más peajes?, ¿construirmos más o menos carreteras?, ¿dotamos más o menos juzgados?, etc., etc.
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Pero el sentido de esta nueva serie de entradas no es insistir en esto último, tan obvio, sino más bien en el hecho de que la diferencia entre los bienes públicos y privados es en sí misma sutil y borrosa: limitando el acceso a un bien público deja de ser público, financiando públicamente un bien privado se convierte en un bien social. Hay una cuestión importante, que es previa a decidir políticamente es qué queremos que sea público y/o social: la cuestión de quiénes queremos que se beneficien de un determinado bien o servicio. Un bien que es público dentro de ciertos límites pero privado fuera de ellos es lo que se llama en economía un "bien de club". Pensad en una instalación deportiva de propiedad privada, como una piscina: sólo los socios pueden entrar, pero una vez que están dentro, la piscina es para ellos un bien público, tan público como una piscina pública (no les perjudica gran cosa que haya un bañista más, y la cantidad de agua en la piscina es la misma para todos). El economista James Buchanan formuló en 1965 una preciosa teoría sobre el tamaño óptimo de los clubs (tamaño tanto en el sentido de qué cantidad del bien se ofrecía en ellos, como en el sentido del número óptimo de miembros, teniendo en cuenta que cuanto mayor es la cantidad y menor el número de miembros, mayor será la "cuota" que le toque pagar al individuo).
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Pues bien, la mayoría de los bienes y servicios son en realidad "bienes de club": incluso la defensa nacional consiste precisamente en un mecanismo para beneficiar a los insiders, ¿no? Lo que sugiero con esta entrada y las que siguen es, por un lado, que reflexionemos sobre los bienes públicos y servicios sociales precisamente como ejemplos de "clubs" que podemos desear en mayor o menor medida, cuál sería la distribución y producción óptima de esos "clubs" en nuestra opinión, que políticas redistributivas serían más apropiadas con esta concepción en mente de los bienes públicos, qué diferencias ideológicas habría sobre estas cuestiones, etc., Y por otro lado, pensar si no estamos caminando hacia una sociedad en la que lo público-estatal tiende a ser sustituido por lo privado-colectivo, en donde, en lugar de centrar toda la carga de la "justicia social" en la acción de un único agente que sería la administración pública, no se abren "focos de socialización" no-estatales (o incluso, con las reivindicaciones independentistas, instancias que podrían ser consideradas como estados-club). No digo a priori que esta tendencia sea buena o mala; me limito a expresar mi sospecha de que es la tendencia actual de la historia, y que debemos decidir si contrapesarla, si unirnos a ella, o a dónde y a qué ritmo intentar dirigirla.
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