Imaginemos una "asamblea" formada por tres individuos (1, 2 y 3). La asamblea tiene que tomar una decisión sobre un-tema-muy-importante, y, pues para eso están las asambleas, establece un procedimiento democrático de deliberación, en el que cada uno de los miembros pueda formular su opinión, y en el que la decisión final se tome por mayoría.
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La asamblea en cuestión es tan democrática, que considera que toda persona o colectivo tiene derecho a conocer públicamente las razones por las que ha tomado la decisión que ha tomado. Así que sus miembros deciden por unanimidad que lo que tienen que aprobar no es meramente una "decisión", sino una argumentación, es decir, la combinación razonada de la decisión con aquellas premisas que sirven como punto de partida de un argumento cuya conclusión es la decisión que se toma. Esto satisface el derecho de todos a poder establecer una deliberación racional con la asamblea.
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(En el mundo real, esto es algo parecido a la práctica de que las leyes traigan una "exposición de motivos": una serie de consideraciones fácticas y normativa que se supone que justifican el contenido de la ley en cuestión).
Ahora supongamos que los tres miembros de la asamblea tienen las opiniones que se reflejan en el cuadro: El individuo 1 piensa que las premisas que se están discutiendo son correctas, pero que de ellas no se sigue la conclusión que se pretende, y en consecuencia, él no acepta esa conclusión. El individuo 2 rechaza todas o algunas de las premisas, de modo que, aunque acepta la validez del argumento que se está discutiendo, él también rechaza esa conclusión. Finalmente, el individuo 3 acepta tanto las premisas como el razonamiento, y por lo tanto, acepta la conclusión.
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(Para entender mejor el ejemplo, puede considerarse que B consiste en la tesis "A implica C". El ejemplo sería igual si A y B, en vez de ser "premisas" y "argumento", fuesen dos premisas independientes entre sí, y supusiéramos que el razonamiento tiene que ser lógicamente válido y, por tanto, aceptado por todos; pero he preferido poner un ejemplo en el que el argumento -o sea, la tesis de que "A implica C"- sea él también objeto de discusión).
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Ahora la asamblea tiene que votar. Recordemos que lo que la asamblea ofrece como "resultado" (output) no es simplemente la decisión sobre si aceptar o no la conclusión C, sino aceptar o no el argumento que, frente a cualquier sujeto deliberativo, podríamos proponer como "las razones de la asamblea para aceptar la conclusión C".
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Lo primero que podemos señalar es que esta asamblea rechazará la conclusión C, por dos votos a uno. Ahora bien, ¿qué sucede con las "razones"? Aquí lo que vemos es que la tesis "estas son las premisas del argumento" (A) es aceptada por dos votos a uno, y la tesis que consiste en el propio argumento (B) es también aceptada por dos votos a uno.
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Es decir, la asamblea opina que la conclusión es rechazable (vota en contra de C), y las razones que da son:
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1) que la asamblea está de acuerdo en que ciertas premisas son verdaderas (A), y
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2) que hay un argumento válido (B) según el cual hay que aceptar C si se acepta A.
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O sea, lo que la asamblea dice es que rechaza C, porque tiene razones de las cuales se sigue C (!!!).
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Esto es un ejemplo de lo que en la teoría de la elección social se llama "el dilema discursivo": la agregación de opiniones mediante la votación mayoritaria puede llevar a resultados irracionales, autocontradictorios.
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Al hilo de las todavía muy frescas reivindicaciones isidriles, este argumento creo que puede tomarse legítimamente como una poderosa tesis en contra de la "democracia directa" (la de que todo habría que decidirlo por referendum, o al menos, que lo ideal sería que se hiciese así), una tesis mucho más demoledora que la objeción más habitual (la que muy certeramente dice que en la práctica sería costosísimo y pesadísimo decidirlo todo de modo asambleario y pleciscitario). La tesis es demoledora porque no apunta a las dificultades prácticas de la democracia directa, sino a su presunto carácter ideal. Lo que se infiere del dilema discursivo es que de "ideal" no tiene nada: las normas que emanarían por votación mayoritaria de una asamblea totalmente soberana serían, con toda probabilidad, internamente inconsistentes, y por lo tanto, de poder aplicarse, harían la vida de la gente muchísimo más difícil, insegura y arbitraria (justo lo contrario de aquello para lo que -en parte- supuestamente queremos un sistema democrático).
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No es que haya garantía de que en otros sistemas desaparezcan completamente las inconsistencias, pero estarán mucho más limitadas, en parte porque la tarea de los legisladores en esos otros sistemas es garantizar al menos la coherencia de las diferentes leyes (es esto sobre todo para lo que son deseables "gobiernos fuertes", o "mayorías fuertes").