De multas y regalos (los límites morales del mercado, 1)

Os dejo el enlace al primer artículo de una nueva serie que estoy escribiendo para Mapping Ignorance. Dentro de unos (bastantes) días, espero colgar aquí la traducción.

El gran bazar de la sabiduría (2)

Nueva entrada de la serie que estoy sacando en Mapping Ignorance.
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Más: El gran bazar de la sabiduría (1)

Cuando compres algo hecho en el "tercer mundo"...

...y pienses que los cabrones capitalistas nos quitan el trabajo a los europeos y explotan a los trabajadores de sus fábricas en países menos desarrollados, echa un vistazo primero a este gráfico (pincha aquí para ver la versión dinámica). Muestra la evolución del índice de desarrollo humano durante las últimas tres décadas. Ninguna política, ninguna religión, ninguna ideología, ninguna filosofía a lo largo de la historia han hecho más por disminuir la pobreza y aumentar el nivel de vida de una proporción mayor de habitantes de los países pobres, que lo que se ha hecho en los últimos 30 años.
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Ciertamente, aún queda mucho por progresar; el camino estará lleno de problemas, de altibajos, y de trampas; el progreso no beneficiará a todos por igual. Pero los ciudadanos de esos países, que en 30 años han recorrido una buena parte de la distancia que les separaba de nuestro nivel de vida, no serán tan idiotas ni tan cobardes de permitir la persistencia de regímenes dictatoriales y de explotación: también quieren disfrutar de nuestros derechos laborales, políticos, etc.
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Y también, como dice José Luis Ferreira en su reciente libro Economía y Pseudociencia, lo malo no es que empresas occidentales monten fábricas en el tercer mundo: lo realmente malo (para nosotros) sería que a las empresas del tercer mundo les empezara a interesar montar sus fábricas en nuestro país.
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Y si a pesar de todo sientes una ira irrefrenable y legítima hacia el capitalismo explotador, una ira que no es lo bastante fuerte para impedirte comprar productos fabricados "en esas condiciones", entonces puedes actuar enviándoles a los trabajadores de esas fábricas el dinero que te has ahorrado al comprar productos hechos allí, en vez de en factorías españolas. Ellos o recibirán con gratitud.




Más:
* ¿Estamos explotando al tercer mundo?
* ¿Quién ha creado la sociedad del bienestar?
* La responsabilidad de los empresarios ante la crisis
* La riqueza de las naciones
* Mucho más en el libro Más allá de la indignación (Amazon, 0,98 €)

¿Latín o matemáticas?

De un comentario mío en el blog "Nada es gratis", a propósito de la sustitución de las matemáticas por el latín como asignatura obligatoria en el bachillerato de Ciencias Sociales en la LOMCE

Aumentar las horas de una asignatura sólo puede hacerse a costa de disminuir la de otras. No dudo que la formación humanística es fundamental (al menos tan fundamental como la formación científica, y posiblemente más), pero a día de hoy es directamente absurdo fundar esa formación sobre el latín. Se puede dar esa formación estupendamente en lenguas vivas, enseñando gramática, retórica, literatura, redacción, historia, arte, filosofía, ética, política, etc., etc.
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El latín pertenece a una estructura académica que dejó de tener sentido hace más de un siglo, y que sólo se mantiene porque "no vamos a despedir a los profesores de latín". Si alguien quiere estudiar latín, griego, o sánscrito, pueden ofrecerse asignaturas optativas (dentro de límites razonables), y titulaciones universitarias todo lo exhaustivas que queramos. Pero es absurdo obligar a todos los alumnos del bachillerato de humanidades y ciencias sociales a tragarse dos cursos de latín (más uno en 4º de ESO, porque si no, "no tendrán base" al llegar al bachillerato).

Más: http://abordodelottoneurath.blogspot.com.es/2009/01/ms-chino-y-rabe-y-menos-latn.html

Hay que subir los impuestos a los más ricos... y cobrárselos

Os dejo un par de artículos recientes sobre el tema, ciertamente jugosos:

* España es de los países con impuestos más altos, pero que menos recauda en proporción al PIB (vamos, que vivimos en Fraudilandia)
* Evidencias de que un tipo marginal muy elevado para las rentas altas sería beneficioso (¡vuelve, Robin Hood!)




Más:
* Una propuesta sobre el IBI
* Impuestos sobre la riqueza
* La "piratería" no perjudica a hacienda
* ¡No culpéis al gobierno!
* Cristobalito y Del Guindo, reformamos de lo lindo
* Pensées du bistrot

Floriano tiene razón

Hay pocas cosas que me fastidien más que escuchar el uso de falacias en un medio de comunicación de los que me gustan. Esta vez ha sido en el Intermedio y en Hoy por Hoy, haciendo en ambos chascarrillos sobre las declaraciones de Carlos Floriano en defensa de Pío García Escudero. Lo siento por los periodistas o guionistas, pero esta vez Floriano tiene razón:

Será cierto que el ahora presidente del senado tendría que haber declarado en el Impuesto del Patrimonio el hecho de que el PP le concedió un préstamo. Pero no es menos cierto el hecho de que, si lo hubiese declarado, la base imponible de dicho impuesto habría sido seguramente menor, y habría tenido que pagar menos como cuota de dicho impuesto.
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Al fin y al cabo, la base imponible del IP consiste en el valor neto del patrimonio de una persona, es decir, el valor de los activos (propiedades) menos el valor de los pasivos (deudas). Así que una deuda, un préstamo recibido, computa de forma negativa, como cuando alguien pide una hipoteca, p.ej.
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Si García Escudero hubiese tenido todavía a fin de año el dinero prestado en su cuenta bancaria o en su caja fuerte, tendría que haberlo declarado como activo. Pero si ya lo había usado en esa fecha para pagar las reformas de su casa, pues seguramente eso no habría incrementado el valor catastral de la vivienda, y por lo tanto, no incrementaría el valor fiscal de sus activos, como no lo incrementa cada vez que uno de nosotros hace una reforma en su casa.
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Así que, insisto, Floriano tiene razón: en caso de haber declarado García Escudero el préstamo en el Impuesto del Patrimonio, habría tenido que pagar menos a hacienda.
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Estaría bien que los medios de comunicación que han usado este chascarrillo lo reconocieran así públicamente.

Marca España

Una proposición sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles

Uno de los grandes problemas económicos de nuestro país es la debilidad de la recaudación fiscal en proporción a la renta o PIB real. No es que el fraude fiscal no exista en otros países, o que sea fácil de sacar a la luz, pero sí es verdad que hay algunos sectores de actividad económica especialmente renuentes a la transparencia, pero que no costaría demasiado esfuerzo el hacerles contribuir de manera justa. Uno de estos sectores es el de las viviendas, o inmuebles en general. Hace algunos años existía en el IRPF el concepto de "renta imputada" por la posesión de inmuebles, y por no sé qué motivos se decidió eliminar, aunque tampoco es que fuese una cantidad extraordinaria la que había que pagar por aquel concepto. La idea es que (p.ej.) la posesión de un piso es una forma de inversión que, como todas, puede generar una renta, bien alquilándolo a otras personas, o bien usándolo (y de ese modo ahorrándose lo que te costaría el alquiler de un piso semejante). Actualmente, se considera sólo como renta aquella cantidad que efectivamente se ha obtenido mediante el alquiler o cesión del inmueble, pero, como es bien sabido, el problema es que muchas de esas transacciones operan en "negro", a pesar de que tiene un tratamiento fiscal bastante ventajoso en comparación con otras formas de renta (aunque tal vez no tanto como los rendimientos financieros). Hay formas de averiguar si un piso está alquilado o no (p.ej., cotejando los datos del censo, gastos de agua o luz, etc.), pero son costosas para la administración.
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Mi sugerencia es transformar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en un medio de fiscalizar estas actividades, de modo que la base imponible del impuesto sea una imaginaria "renta imputada": la estimación del valor de mercado actual de un alquiler de un inmueble con sus características más elementales (superficie, situación y uso normal -vivienda, local comercial, etc.-). La tarifa del impuesto podría ser aproximadamente de un 10 % de la base imponible, que es más o menos lo que resulta actualmente en la declaración del IRPF (y por supuesto, las rentas efectivamente recibidas por razón del inmueble se eliminarían de la base imponible del IRPF). El IBI lo seguirían recaudando los ayuntamientos, y el Estado ajustaría la financiación municipal en función de ese incremento de recaudación. Estarían exentos del impuesto (salvo en la cuantía correspondiente a la cuota actual del IBI) las viviendas que fueran residencia habitual de sus propietarios.
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La principal ventaja de este nuevo IBI sería, obviamente, que haría desaparecer prácticamente el fraude fiscal por los arrendamientos inmobiliarios (o, en los caso en que no, haría mucho más fácil su fiscalización). Además, constituiría un incentivo para que los propietarios de viviendas o locales vacíos los pusieran en alquiler (pues iban a tener que pagar el impuesto tanto si tienen el inmueble alquilado como si no), lo cual tendería a abaratar los precios de los alquileres, y con ello, además, harían bajar la base imponible en los años sucesivos.
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El principal problema, naturalmente, es que los principales propietarios de inmuebles vacíos en estos momentos son los bancos, y no les iba a hacer mucha gracia tener que añadir este impuesto a sus costes. Pero sería una manera de forzarles a "desatascar" el mercado inmobiliario de una vez, sin tanta rigidez como parece que se lo están tomando.

Las chancletas del pescador, o una miniteoría económica del cónclave

Mi artículo de hoy en Mapping Ignorance.
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Traducción:

                Imaginemos la situación siguiente: unas 100 personas tiene que elegir a una de ellas para un puesto importante; cada uno tiene diferentes preferencias sobre quién debe ser el elegido, algunos pueden tener mayor o menor interés en ser elegidos ellos mismos, pero además, esto es esencial, muy probablemente casi todos ellos tendrán que terminar votando por candidatos que no son los más preferidos por ellos, porque la regla de elección pide que el hombre elegido (sí, no hay mujeres ni entre los electores ni entre los elegibles) reciba al menos dos tercios de los votos, y es casi seguro que ninguno es l más preferido por tantos de sus colegas. Como poco, podemos decir que este es un problema interesante para ser estudiado desde el punto de vista de la teoría de juegos.

                En cierto sentido, la situación es semejante (aunque, por supuesto, no idéntica) a la de los miembros de una comunidad científica que tienen que elegir cuál es la mejor explicación de un problema científico entre las varias que se han propuesto. En este caso, también ocurre que cada científico tendrá probablemente distintas preferencias sobre las teorías alternativas, en particular sobre las que han sido propuestas por ellos mismos, aunque, al final, tengan que tener en cuenta hasta cierto punto los juicios de sus colegas como razones para adoptar alguna de las soluciones, incluso si no es la más preferida por cada uno de ellos. He analizado esta situación en algunos artículos académicos y en mi libro La lonja del saber, citados al final.

                Así pues, sea X una de las posibles elecciones (un hombre, en el primer caso; una teoría o una técnica científica en el segundo), y sea P(X) la proporción de electores que elige X. Para cada elector, existirá algún valor de P(X) tal que le hará cambiar su decisión, de la de no elegir a X, a sí elegirlo (digamos que pensará algo así como, “X es mi candidato favorito, pero dadas las alternativas que quedan, teniendo en cuenta que P(X) de mis compañeros parecen apoyarlo, lo votaré yo también”). Si ese valor de P(X) es muy bajo para ti, eso quiere decir que votarás por X aunque la mayoría de tus compañeros no lo hagan; y si es muy alto, significa que no votarás por él, aunque la mayoría lo haga. Podemos asumir que la distribución de frecuencias (F) de estos “valores de umbral” es más o menos una distribución estadística “normal”, con un solo máximo local alrededor de un valor “promedio”, y que, para distintos candidatos, estará sesgada más o menos a la derecha o más o menos a la izquierda. Una de ellas se muestra en la figura 1.

                La figura 2 se limita a transformar la función de frecuencias F en una función acumulativa P, que indica qué proporción de electores desearía votar por X [D(P(X)], si la proporción de electores que de hecho votan por X fuese P(X). Obviamente, si F es unimodal, P tendrá forma de S, o sea, será convexa al principio y cóncava al final. La cuestión es, ¿contiene la función P información suficiente para determinar la conducta de los electores? Bien, esto depende. Consideremos la línea de 45°, o sea, la función D(P(X)) = P(X). Si P está por encima de esa línea, eso significa que el número de personas que desean votar por X es mayor que el número de personas que de hecho han votado por él, de tal modo que, en la siguiente elección, probablemente habrá más gente que vote a favor de X. Ocurre lo contrario si la función P está por debajo de la línea de 45°: algunas personas no estarán contentas habiendo votado por X, y seguramente no lo votarán en la siguiente oportunidad. Esto significa que el único equilibrio (en términos de teoría de juegos) ocurre para el nivel de P(X) donde la función P corta la línea de 45°, es decir, donde P(X) = D(P(X)). Naturalmente, dada la regla de votación, si esto ocurre para un valor de P(X) menor que 2/3, habrá que seguir haciendo votaciones y alguien tendrá que reconsiderar sus preferencias nuevamente.

                Ahora bien, un problema importante es que, dado que la función P tiene forma de S, puede llegar a tener tres equilibrios diferentes, como se muestra en la figura 3. Lo que determina cuál de ellos es el que realmente ocurrirá, es simple y llanamente la historia. Si la situación previa era una en la que P(X) cayó entre el origen de coordenadas y el segundo equilibrio, la dinámica esbozada en el párrafo anterior hará que la elección tienda a moverse hacia el primer equilibrio (el más bajo). Y si la situación previa había sido una en la que P(X) caía entre el equilibrio central y el extremo derecho del eje de coordenadas, esa misma dinámica conducirá al grupo hacia el tercer equilibrio (el más alto). Naturalmente, si la situación previa estaba exactamente en el equilibrio central, se quedará ahí, pero se trata de un equilibrio inestable: el más mínimo cambio en las preferencias o en la conducta de alguno de los miembros del grupo moverá a la elección colectiva hacia arriba o hacia abajo.

                La posibilidad de que haya más de un equilibrio no es sólo una curiosidad teórica, sino un importante problema práctico, pues puede llegar a tener consecuencias indeseadas para los propios miembros del grupo. Una de esas consecuencias es que la elección dependerá excesivamente del azar. Puesto que el resultado depende de la historia, incluso un cambio muy pequeño en la distribución de votos hacia los candidatos más irrelevantes al principio del proceso, puede llevar a la elección de un candidato diferente del que sería elegido si la distribución inicial hubiera sido otra muy parecida. Esto, por supuesto, es el famoso “efecto mariposa”, que en este caso sería tal vez más apropiado llamar el “efecto paloma”.

                Pero las consecuencias son aún peor que esto. En la figura 4 se muestran las funciones correspondientes a dos candidatos. Asumimos que todos los electores consideran unánimemente que el candidato A es mejor que el candidato B. Esto se refleja en el hecho de que, para cualquier número de votos recibidos de hecho por ambos, habrá más gente que prefiere A que gente que prefiere B, y por lo tanto, P(A) está por encima de P(B). Incluso aunque las preferencias sean así, es decir, aunque tanto el equilibrio “bajo” de A esté por encima del equilibrio “bajo” de B, y lo mismo para los equilibrios “altos”, puede suceder que el grupo elija el equilibrio alto de B y el equilibrio bajo de A. Es decir, el grupo puede terminar eligiendo un candidato que todos ellos consideran que es peor que otro candidato concreto (no digamos según las preferencias de los no votantes). Dicho en términos económicos, el procedimiento de elección puede dar lugar a resultados ineficientes.

                Por fortuna, puede probarse que, si los miembros del grupo pueden formar coaliciones, esto es, subgrupos que adoptan el compromiso de votar al mismo candidato sin tener en cuenta a quién vota el resto de los electores, entonces sólo uno de los equilibrios seguirá siendo estable. El problema para estas coaliciones es que, mientras la dinámica que conduce al equilibrio no lo alcanza (es decir, mientras el valor real de P es diferente de su valor deseado), algunos miembros preferirán a título individual un resultado diferente del que se han comprometido a votar, y tendrán por lo tanto un incentivo para romper la coalición, sobre todo si el voto es secreto.

                En comparación con el caso de la elección de la solución a un problema científico, hay algunas otras dificultades añadidas. Por ejemplo, en el caso de la ciencia no existe la presión para hacer una elección en un período de tiempo relativamente breve; allí las decisiones son públicas, no secretas; y, sobre todo, se puede ir acumulando más y más información que, a menudo, favorece a una hipótesis muy por encima de las rivales (lo que tiende a que las funciones F se desplacen hacia la izquierda, y las funciones P y sus equilibrios hacia arriba). También se ha de tener en cuenta que los casos que inspiran este artículo, el conjunto de electores cambia mucho de una vez a la siguiente, por razones puramente demográficas, y además es obligatorio que mantengan el secreto de lo tratado durante la elección, de modo que es más difícil que haya un aprendizaje sobre cuáles pueden ser las estrategias que llevan a una elección más eficaz.

                En conclusión, si el espíritu Santo hubiera pensado un poco más sobre el mecanismo de elección que hemos examinado, tal vez habría elegido un mecanismo diferente. O tal vez lo que ocurre es que prefiere uno así de caótico, en el que tenga cabida un papel más prominente para Sus (incontrastables) intervenciones.

REFERENCIAS

Zamora Bonilla, J. P. (1999) ‘The Elementary Economics of Scientific Consensus’, Theoria, 14:461-88.

Zamora Bonilla, Jesús (2003) La lonja del saber. Introducción a la economía del saber científico, Madrid, Ediciones UNED.

Zamora Bonilla, J. P. (2006). “Science Studies and the Theory of Games”, Perspectives on Science, 14:639-71.

La piratería no perjudica a Hacienda

Uno de los argumentos de quienes critican la mal llamda "piratería" digital es que esta actividad no sólo supone un descenso de los ingresos de los propietarios de los derechos de autor (lo que es seguramente verdad), y de las editoriales, distribuidoras, librerías, etc. (que también), sino que asímismo implican un perjuicio "para toda la sociedad" al disminuir la recaudación de impuestos (sobre todo, el IVA por las ventas perdidas de los ejemplares copiados, pero también por los otros impuestos sobre las rentas que esas ventas generarían a individuos y empresas).
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Este último argumento, al contrario que el primero, es rotundamente falso. El dinero que la gente no se gasta en comprar un libro, pagar una entrada al  cine, o una suscripción a un canal de televisión, porque descargan esos "contenidos" gratuitamente a través de internet, ese dinero se lo terminarán gastando en otras cosas, en las que no se lo habrían gastado de habérselo tenido que gastar en libros, cine, o fútbol; y al comprar esas otras cosas, pagarán el IVA correspondiente, y generarán rentas que Hacienda gravará (salvo que sean rentas de algún amnistiable).
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Así que, cuando bajéis de internet alguna de esas cosas, descontad en vuestro responsable cargamento de culpa, que sin duda sentís, la parte que corresponde a los impuestos, porque esa no se va a ver mermada de ninguna manera a causa de vuestra decisión.
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Sigue a bordo:
*¿Y si Gutenberg hubiera inventado el pdf antes que la imprenta?
*Derechos de copia con límite de copias
*Hablando con propiedad

CIUDADANO FRENTE A BANCO... ¿MALO?

Visto aquí.

NO CULPÉIS AL GOBIERNO

¿Que el ministro de educación se calla la propuesta sobre enseñanza hasta después de las elecciones catalanas?

¿Que da más importancia a las reclamaciones de los trillones que se manifiestan en las Ramblas porque sus hijos no pueden escolarizarse en castellano, que a las de los padres y profesores, alumnos y becarios, que protestan por los recortes?
¿Que monta el "derecho" a la educación en castellano de tal manera que sólo los más pudientes vayan a poderse beneficiar?

¿Que es incapaz de resistir la tentación de aprovechar la reforma educativa para ceder a las exigencias de la derecha más casposa?

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¿Que el ministro de (in)justicia indulta torturadores (hay que tener a la pasma contenta, con lo mucho que se espera de ella en los próximos tiempos)?

¿Que fija unas tasas  que suponen una barrera de entrada con la que se exacerbará la desigualdad en el acceso a la justicia?
¿Que convierte en un negociazo privado el bien público de los registros civiles?

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¿Que, ante el temor a que el descontento de la gente conduzca a más, y más intensas, protestas sociales, la respuesta del ministro del interior sea endurecer las leyes y reforzar a la policía?

¿Que el mismo individuo se permita un esperpéntico desplante al Tribunal Constitucional con motivo de la sentencia sobre el matrimonio entre pesonas del mismo sexo?

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¿Que la ministra de empleo prefiere regalar a los empresarios la posibilidad de que despidan currantes a mansalva por cuatro duros, con la excusa de que la ley servirá para crear empleo cuando acabe la recesión?(¡coño, pues retrasa su entrada en vigor hasta entonces!), mientras su política más eficaz contra el paro consiste en rezarle a la virgen del Rocío?

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¿Que las pensiones se ultracongelan (con truco incluido), los sueldos de los funcionarios se amputan, mientras las ayudas a los bancos se multiplican como el maná?

¿Que el ministro de hacienda se felicita por el éxito fracaso de su petición de limosna a los ricachones?

¿Que, de momento, ni está ni se le espera a una reforma en profundidad de la administración, ni de la estructura fiscal?

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Pues si todo esto os parece, como a mucha, muchísima gente, mal, rematadamente mal, retorcidamente mal de cojones... ¡¡¡¡no culpéis al gobierno!!!! Eso es tan absurdo como culpar al proverbial escorpión por picarle a la pobre rana que le estaba ayudando a cruzar el río.

¡Culpad a los casi 11 millones de vuestros vecinos que decidieron "sumarse al cambio! Y dejadles que se regodeen unos cuantos añitos más en el "cambio" que se han ganado a pulso.

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Por cierto, y para adelantarme a los críticos: ya me he puesto el gorro de San Benito por la parte de culpa que me toca en la crisis (y en lo mal que hayan ido tantas otras cosas en los 7 años del zapaterato) por haber votado al de la ceja en sus días.

¿HACIA LA SOCIEDAD CLUB? (1)

LO PÚBLICO Y TÚ

En teoría económica se entiende por "bien público" algo distinto al sentido que tiene esta palabra en el lenguaje ordinario (digamos, "algo que pertenece a todos, o que pertenece al Estado, o a una entidad pública"). El significado económico del término es, más bien, el de un bien que posee estas dos propiedades:
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1) el hecho de que una persona más lo consuma o disfrute de él, no disminuye la cantidad disponible para los demás ("principio de no rivalidad")
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2) una vez que el bien se suministra a alguien, no se puede impedir que cualquier otra persona lo consuma ("principio de no exclusión").
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Propiamente hablando, hay muy pocos bienes que cumplan los dos requisitos, pues en la mayoría de los casos el que haya más usuarios hace que aumente la "congestión" (y por lo tanto, los demás puedan disfrutar del bien en menor medida), y siempre podríamos ejecutar sumariamente a quienes no han sufragado esos bienes. Así que en general se suele entender por "bienes públicos" más bien aquellos en los que: a) sería excesivamente costoso excluir de su consumo a quienes no los pagan, y b) en los límites de uso habitual, no hay excesivos problemas de congestión.
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Pero lo cierto es que, pese a este ejercicio de estiramiento semántico, los bienes públicos siguen siendo realmente pocos en comparación con todos aquellos que normalmente se proporcionan o gestionan desde el sector público. Por ejemplo, los tres "pilares básicos" del estado del bienestar, educación, sanidad y seguridad social (pensiones y seguro de desempleo) no son bienes públicos (en el sentido económico del término), sino bienes de disfrute básicamente privado: tú eres a quien se opera de apendicitis, no a tu vecino que está sano; tú eres quien manda sus hijos al colegio, no tu compañero de trabajo solterón y sin hijos; y a cada uno se le ingresará la pensión o la prestación por desempleo en su cuenta corriente, no en la del cuñado. Cierto que el disfrute de estos bienes producen "externalidades" (el nivel de salud medio de la población, su nivel educativo, etc.) de las que se benefician también, indirectamente, quienes no los han disfrutado directamente, pero eso no hace de ellos "bienes públicos" en sentido económico. A estos bienes habría que llamarlos más bien "servicios sociales". Además, aunque la sociedad decida de una u otra manera que todo el mundo tiene derecho igual a estos servicios, no hay ningún argumento económico que justifique a priori que estos servicios tengan que ser prestados por las administraciones públicas: éstas pueden, en principio, limitarse a financiarlos, pero dejando que sean empresas privadas quienes los produzcan y gestionen (como, p.ej., en el caso de los "colegios concertados"). Naturalmente, tampoco hay ningún argumento económico razonable por el que a priori no puedan ser prestados por organismos públicos. Tendrá que ser algo a decidir en función de los costes previsibles y las preferencias de la gente.
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Algunos bienes que cumplen los requisitos 1 y 2 (aunque sea de modo aproximado) serían, por ejemplo, muchas infraestructuras, las señales de radio y televisión no codificadas, las leyes, el idioma, la defensa nacional, el sistema judicial... Pero, como seguramente estaréis pensando, en muchos casos es posible, y hasta factible, el limitar el uso de algunos de estos bienes a ciertas personas: en las carreteras se pueden poner peajes, las ondas de radio (e incluso los códigos del habla) se pueden codificar, los tribunales pueden poner una oficina de cobros a la entrada, etc., etc.
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La cuestión es que, igual que en el caso de los servicios sociales hemos de decidir en qué cantidad financiarlos, a quién beneficiar con ellos, y cómo producirlos, lo mismo ocurre con el caso de los bienes públicos propiamente dichos: ¿establecemos tasas judiciales?, ¿más peajes?, ¿construirmos más o menos carreteras?, ¿dotamos más o menos juzgados?, etc., etc.
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Pero el sentido de esta nueva serie de entradas no es insistir en esto último, tan obvio, sino más bien en el hecho de que la diferencia entre los bienes públicos y privados es en sí misma sutil y borrosa: limitando el acceso a un bien público deja de ser público, financiando públicamente un bien privado se convierte en un bien social. Hay una cuestión importante, que es previa a decidir políticamente es qué queremos que sea público y/o social: la cuestión de quiénes queremos que se beneficien de un determinado bien o servicio. Un bien que es público dentro de ciertos límites pero privado fuera de ellos es lo que se llama en economía un "bien de club". Pensad en una instalación deportiva de propiedad privada, como una piscina: sólo los socios pueden entrar, pero una vez que están dentro, la piscina es para ellos un bien público, tan público como una piscina pública (no les perjudica gran cosa que haya un bañista más, y la cantidad de agua en la piscina es la misma para todos). El economista James Buchanan formuló en 1965 una preciosa teoría sobre el tamaño óptimo de los clubs (tamaño tanto en el sentido de qué cantidad del bien se ofrecía en ellos, como en el sentido del número óptimo de miembros, teniendo en cuenta que cuanto mayor es la cantidad y menor el número de miembros, mayor será la "cuota" que le toque pagar al individuo).
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Pues bien, la mayoría de los bienes y servicios son en realidad "bienes de club": incluso la defensa nacional consiste precisamente en un mecanismo para beneficiar a los insiders, ¿no? Lo que sugiero con esta entrada y las que siguen es, por un lado, que reflexionemos sobre los bienes públicos y servicios sociales precisamente como ejemplos de "clubs" que podemos desear en mayor o menor medida, cuál sería la distribución y producción óptima de esos "clubs" en nuestra opinión, que políticas redistributivas serían más apropiadas con esta concepción en mente de los bienes públicos, qué diferencias ideológicas habría sobre estas cuestiones, etc., Y por otro lado, pensar si no estamos caminando hacia una sociedad en la que lo público-estatal tiende a ser sustituido por lo privado-colectivo, en donde, en lugar de centrar toda la carga de la "justicia social" en la acción de un único agente que sería la administración pública, no se abren "focos de socialización" no-estatales (o incluso, con las reivindicaciones independentistas, instancias que podrían ser consideradas como estados-club). No digo a priori que esta tendencia sea buena o mala; me limito a expresar mi sospecha de que es la tendencia actual de la historia, y que debemos decidir si contrapesarla, si unirnos a ella, o a dónde y a qué ritmo intentar dirigirla.
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OPPA HAYEK STYLE

Añade AQUÍ tu firma del manifiesto que han escrito el prof. Juan Ramón Rallo y otros cuantos profesores ideológicamente afines al PP de la Universidad Rey Juan Carlos, en el que se pide el desmantelamiento inmediato de dicha universidad y el despido fulminante de todos sus trabajadores, para darle a España una lección de austroliberalismo en las propias carnes de sus bien colocados defensores.

DE REIVINDICACIONES

"Nunca he podido entender por qué las clases medias de este país aceptan que a sus hijos les estafen al no concederles estas herramientas básicas para avanzar en el mundo actual. Esa reivindicación, que enseñen a mis hijos muchas matemáticas y a escribir en español con convicción y con capacidad de hacer un análisis complejo y a hablar inglés, y bien, debería ser la más importante en los coles y no las cosas de las comidas, los túpers y la limpieza del cole (a mi me toca limpiar la clase de mis hijos una vez al año porque no hay dinero para servicio de limpieza, y nos turnamos los padres). Y si hay que recortar sanidad, pensiones o lo que haga falta para tener unas escuelas capaces de poner a nuestros hijos al nivel requerido para ese mundo en el que van a participar, pues que así sea. La educación debe ser la prioridad. Yo esa reivindicación no la oigo, ¿vosotros?"

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Luis Garicano, en Nada es Gratis.

HALLOWEEN EN LA MONCLOA

POR LA DACIÓN EN PAGO... PERO A LO GRANDE

La "dación en pago" me parece una norma razonable para evitar no sólo situaciones de desgracia personal, sino también la conducta usurera de muchas entidades bancarias. Pero creo que habría que generalizarla: si un banco está endeudado hasta los ojos, pues que los acreedores se queden con él, y santas pascuas.

PREGUNTA PARA MINISTROS Y CONSEJEROS DE EDUCACIÓN

¿Por qué en los institutos públicos de Madrid se están forzando "ratios" de más de 35 alumnos por clase, gracias a la no renovación del contrato de la práctica totalidad de los profesores interinos, mientras que a colegios concertados se les permite estar a unos 25 alumnos por grupo en la ESO? (bueno, vale, 26, si contamos al tipo que está colgado en la pared, pero ése es un repetidor, y nunca dice ni pío).
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Más:
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Contra la izquierda bobalicona
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La Educación Cívica y la controversia
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Los colegios biligües de Aguirre
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Tanguillos de Bonifacio
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No a las misas en la universidad pública
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UNA DE DEMOGRAFÍA

Población de España en 1717: 7,5 millones de habitantes.
Población de España en 1787: 10,3 millones
Incremento (1717-1787): 37,33 %
Población de España en 1857: 15.5 millones
Incremento (1787-1857): 50.5 %
Incremento (1717 - 1857): 106,7 %
Incremento sin contar la población de Cataluña (1717-1857): 95 %

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Población de Cataluña en 1717: 402.000 habitantes (un 5,4 % de la población total de España)
Población de Cataluña en 1787: 830.000 habitantes (un 8 % de la población total de España)
Incremento (1717-1787): 106 %
Población de Cataluña en 1857: 1,65 millones de habitantes (un 10,6 % de la población total de España)
Incremento (1787-1857): 98,8 %
Incremento (1717 - 1857): 312,5 %

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Proporción entre el incremento demográfico de Cataluña y el del resto de España entre 1717 y 1857:  3,28

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Para estar hablando de una época en la que la medida más fiable del bienestar era el propio crecimiento demográfico, parece que en las décadas posteriores a la nefanda fecha de 1714, a la población de Cataluña le fue muchísimo mejor que a la del resto de España en el siglo y medio siguientes; al menos 3 veces mejor (la población de Cataluña más que se cuadruplicó en ese período, mientras que la del resto de España casi se dobló).
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Para ser una supuesta época de servil humillación ante el estado centralista, parece que para las "víctimas" siguió una época de mucha mayor prosperidad que la que les tocó a los "explotadores".

MÁS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS: DE LA (ESTUPENDA) "TARTA DE QUESO" A LA (BIRRIOSA) "TORTA DI MASCARPONE" DE GINO'S

Comparen ustedes mismos:
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ANTES DE ESTE VERANO
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AHORA

El precio, en cambio, no ha variado