La verdad, no sé a quién se habrá buscado de asesores Zapatero (bueno, lo malo es que lo sospecho; tengo cierta idea de quiénes son los que le asesoran en materia de filosofía -todo menos positivistas; bastante postmodernos-, así que deduzco que los asesores económicos serán igual de patéticos). La ocurrencia de los 400 euros por barba (bueno, según qué barbas: sólo asalariados) es para que hasta el catedrático de Hacienda Pública más socialdemócrata de la universidad le casque un 0 en un examen al alumno que la pusiera. Poco han tardado en romper la promesa hecha a Solbes de que el control de los asuntos económicos debería tenerlo él. Tiene razón (como casi siempre) el fabuloso blog Tabula Rasa cuando indica que la irracionalidad en materia económica de una parte significativa de la intelectualidad izquierdosa es tan profunda y tan temible (o tal vez más, por sus repercusiones) como la de los adalides del creacionismo.
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Hay que reconocer que la propuesta de reforma del PP es más razonable, no porque vaya a cambiar mucho (en el fondo, ambas son una mera rebajilla de impuestos), sino porque al menos se presenta con una cierta apariencia de haber sido elaborada de manera ortodoxa y con las cuentas hechas. Por otro lado, si Rajoy dice en un mitin que a los ciudadanos "les vamos a devolver tanto y tanto gracias a esta reforma del IRPF", la "compra de votos" es exactamente la misma. Sólo que ZP no lo ha sabido disimular.
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Lo malo, de todas formas, es que las dos propuestas ponen de manifiesto que ninguno de los dos grandes partidos tiene absolutamente ninguna intención de entrar de lleno en los problemas principales de nuestro sistema fiscal. (No nos pilla de susto, tampoco tienen intención de cambiar otras cosas igual de importantes, como iremos viendo en próximas entradas). Y el problema más grave del sistema fiscal es, como todo el mundo sabe, que se ceba en las rentas del trabajo. Cuando se estudia Hacienda Pública en la universidad, te enseñan los principios básicos de un sistema tributario: justicia, transparencia, capacidad de pago, etc., pero suele olvidarse que uno de estos principios es el de la facilidad de cobro. Es un principio técnico, más que jurídico, pero no es menos importante por esto: Hacienda tiende a cobrar aquello que al contribuyente le resulta más difícil esconder. Así que las rentas del trabajo y los rendimientos explícitos del capital (los intereses) son las fuentes principales de ingresos para Hacienda. Quien puede cobrar "en negro", o simplemente quien puede hacer que su empresa compre para él ciertos bienes (coches, viajes, viviendas...), se libra de un buen pellizco fiscal. Si algún partido propone multiplicar por veinte el número de inspectores fiscales (y de paso, los de trabajo y sanidad) y ponerles a trabajar a comisión, yo le votaría ahora mismo. Pero está claro que ninguno de los grandes quiere.
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Se argumenta (con razón) que el aumento de la presión fiscal sobre las actividades empresariales haría menos competitiva nuestra economía (pues las empresas se irían a otros países). Pero creo que existen numerosos medios con los que se podría gravar la riqueza de los más ricos, sin temor a que hubiera una desbandada. En particular, creo que la herramienta de los impuestos sobre el consumo de bienes de lujo debería desempolvarse (con permiso de la UE): ¿por qué, p. ej., no un IVA del 50 % sobre la compra de todoterrenos, o en general de coches de más de 30.000 euros?, y lo mismo para la compra muchísimos otros productos que sólo puede consumir quien tiene unas rentas muy elevadas. Una buena parte de ese IVA podría ser devuelto con la declaración de la renta del usuario del vehículo, lo que incentivaría que se declarasen muchas rentas que ahora son ocultadas (y si no, al menos permitiría identificar a las personas cuyos ingresos declarados no justifican los gastos en que han incurrido). También se podía convertir el actual IBI, esa pequeña migaja que el Estado concede a los ayuntamientos, en un verdadero impuesto redistributivo, incrementando su cuota hasta extraer una parte sustancial de los ingresos que el propietario puede obtener de una vivienda, y estableciendo unos mínimos para la primera vivienda, y en función de su valor económico.
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No tengo ninguna duda de que nuestras universidades tienen suficientes expertos en fiscalidad como para idear mecanismos más eficientes e imaginativos, pero seguro que entre la gente con sentido común también pueden surgir propuestas. ¿Alguien más se anima?
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¿O deberíamos indignarnos, y salir a la calle a quemar cajeros, ante la sentencia que condena a la petrolera TOTAL a pagar 180.000 millones de euros, con el argumento de que "sólo pueden ser cometer delitos los individuos, no las empresas"?
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